CLAVES PARA ENTENDER ACUERDO DE PAZ QUE TERMINA MAS DE 50 AÑOS DE CONFLICTO CON LAS FARC

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Publicado por Ana María Plata

El Acuerdo de Paz con las Farc acaba un conflicto que le ha costado la vida a miles de personas y ha dejado más de 8 millones de víctimas en el país. El texto final de ese acuerdo, que se logró luego de cuatro años de negociaciones en La Habana, fue divulgado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el pasado 26 de agosto.

acuerdo paz
Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’ y Humberto de La Calle. Cortesía.
Este acuerdo busca dejar atrás la violencia, combatir el narcotráfico, garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, ampliar la democracia, promover el desarrollo rural, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y dinamizar una mayor participación de las comunidades.
Según lo pactado en el texto, las Farc dejarán las armas, el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, en un proceso ordenado, verificable y con acompañamiento internacional de Naciones Unidas. El fin del conflicto supone la apertura de un nuevo capítulo en la historia de Colombia en el que las Farc dejan de ser un grupo armado para convertirse un partido o movimiento político.

Otro aspecto importante para mencionar es que el acuerdo incluye un diálogo nacional y local con la participación de las comunidades, que garantizará el desarrollo en las zonas que se han visto más afectadas por la violencia.

Con estas medidas, como lo explica el acuerdo, se cerrarán las condiciones que han permitido la prolongación del conflicto por décadas, de manera que todos los colombianos puedan acceder a más oportunidades de progreso y bienestar, tanto en el campo como en las ciudades.

Este acuerdo de paz se construye como un rompecabezas: cada parte es importante y la imagen completa solo se puede ver cuando todas las piezas encajan. A continuación, usted podrá revisar los puntos más importantes para, al final, lograr ver el rompecabezas completo.

Fin del conflicto
Las Farc dejan todas las armas, abandonan el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, bajo la verificación de Naciones Unidas. Así inician su tránsito a la vida civil.

Se trasladarán temporalmente a 22 zonas veredales de ubicación y 6 campamentos. Tanto los excombatientes, como la población civil contarán con la protección de la Fuerza Pública.

Una vez salgan de las zonas y por un tiempo limitado, recibirán un apoyo económico para su manutención, de un poco menos de un salario mínimo. Además, quienes construyan un proyecto productivo podrán aplicar a una ayuda.

Una vez dejadas las armas y convertidos en un partido o movimiento político, el acuerdo garantiza una representación de 5 Senadores y 5 Representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales (2018 y 2022). Solo se asignarán las que no se logren con los votos para completar las 5 curules.

El Estado garantizará la seguridad del nuevo partido que constituyan las Farc, de los otros líderes políticos y de los defensores de derechos humanos.

El Estado intensificará las acciones contra las organizaciones criminales y se enfocará en los eslabones más fuertes del narcotráfico.

Verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas
Este acuerdo reconoce que el conflicto armado en Colombia ha afectado a millones de personas, y busca la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición de la violencia y, así, garantizar la transición hacia una vida en paz.

Para ello, se constituirá una Comisión de la Verdad, una Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas durante el conflicto y una Jurisdicción Especial de Paz (JEP), además de unas medidas de reparación. La JEP garantizará la seguridad jurídica a quienes participen en el sistema de justicia transicional.

Las medidas de reparación incluyen actos de reconocimiento de responsabilidades, reparaciones colectivas, procesos colectivos de retorno, restitución de tierras y rehabilitación psicosocial.

En la JEP, los responsables de los crímenes más graves serán investigados, juzgados y sancionados. Si no cuentan toda la verdad, reparan a sus víctimas y se comprometen a no repetir, recibirán penas de cárcel hasta por 20 años. En caso de que vuelvan a delinquir, pierden los beneficios judiciales.

Como parte de las sanciones, y como medidas de reparación, reconstruirán infraestructura, desminarán los campos, ayudarán a buscar a los desaparecidos y aportarán a la verdad.

Todas las actuaciones de las Fuerzas Militares y de Policía, relacionadas con el conflicto, se presumen legales. Asimismo, los civiles que hayan sido obligados a pagar vacunas o rescates serán considerados como víctimas.

Los agentes del Estado o los civiles que hayan participado de forma determinante en la comisión de delitos atroces podrán acogerse a la JEP. Tendrán que decir toda la verdad y reparar a sus víctimas para obtener beneficios.

Solución al problema de las drogas ilícitas
Si bien el conflicto antecede al narcotráfico, para llegar a la paz es necesario resolver el problema de los cultivos ilícitos, las economías ilegales asociadas a ellos y el consumo de drogas ilícitas.

Esto busca contribuir a aclarar la relación entre el conflicto armado y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno.

Es la oportunidad para abordar el problema de los cultivos ilícitos como un asunto de desarrollo rural, por medio de un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que será construido con las comunidades afectadas.

El acuerdo reconoce que se requiere abordar el consumo de drogas ilícitas como un asunto de salud pública y con enfoque de derechos humanos.

Y exige la contundencia contra el crimen organizado, en especial el asociado al narcotráfico y sus manifestaciones regionales. Para ello, se creará una nueva política criminal contra el lavado de activos y el tráfico de insumos.

Política de desarrollo rural integral
Para reversar los efectos del conflicto en el territorio e impedir que el conflicto se repita, es necesario transformar las condiciones de las zonas rurales y así cerrar las brechas entre el campo y la ciudad.

Se creará un Fondo de Tierras que dispondrá de 3 millones de hectáreas durante 10 años que provendrán, por ejemplo, de baldíos y tierras ilegalmente adquiridas. Serán distribuidas entre los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y las comunidades más afectadas por el conflicto.

Se implementarán Planes Nacionales Rurales que construirán vías terciarias, llevarán servicios públicos, adecuarán tierras, estimularán la economía familiar y la productividad rural, entre otros.

De la mano de las comunidades se construirán programas de desarrollo con enfoque territorial para implementar el acuerdo con una mayor celeridad en las zonas más afectadas por el conflicto.

Con el fin de garantizar la seguridad alimentaria en el país y luchar contra la desnutrición se pondrán en marcha consejos y planes nacionales, departamentales y locales para la alimentación y la nutrición.

Participación política
El acuerdo final busca que las diferencias puedan resolverse de manera pacífica y que el país transite hacia una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización que apunte a la construcción de la paz.

Con el punto de participación política se logrará una democracia fortalecida, donde todos quepan, puedan opinar y tengan derecho a no estar de acuerdo. Los movimientos sociales, políticos y los defensores de derechos humanos contarán con la seguridad necesaria para participar. Las ideas se defenderán con argumentos y nunca más con las armas.

Se facilitará la creación de nuevos partidos y movimientos políticos, principalmente en las zonas más afectadas por el conflicto y que no han tenido representación en el Congreso. Para tal fin, se crearán, por un tiempo, unas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

Para promover la transparencia y darle relevancia a la veeduría y control ciudadano, las comunidades tendrán mayor participación e incidencia en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de planeación territorial y regional.

Implementación, verificación y refrendación
El Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación del acuerdo.

Se creará una comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias, con el fin de verificar el cumplimiento.

Colombia contará con acompañamiento internacional para la buena implementación del Acuerdo Final y la construcción de la paz.

Este es el acuerdo de paz que pondrá fin a 50 años de conflicto con las Farc. Por ello, la participación de todos los ciudadanos es fundamental, tanto en la decisión que tomen en el plebiscito, como en la implementación del acuerdo y su seguimiento.
Encuentre una explicación sencilla de cada uno de los puntos del acuerdo final en www.acuerdodepaz.gov.co

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